La Junta de Andalucía ha reducido en 2012 un 90 por ciento los fondos a los programas de empleo de Cáritas andaluzas, pasando de 1.080.000 euros en 2011 a 110.000 euros, al igual que las administraciones locales, que han bajado su aportación en un 80 por ciento, de 139.000 a 27.000 euros. Por el contrario, la Unión Europea aumenta en un 63 por ciento los recursos, que pasan de 732.000 euros en 2011 a 1.263.865 euros el pasado año, lo mismo que la Administración central, con una subida del 48 por ciento, de los 500.000 a los 743.784 euros.

Estos datos han sido expuestos este miércoles en rueda de prensa por el presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Anselmo Ruiz, quien ha añadido que el total de recursos económicos invertidos en 2012 ha alcanzado los 4.025.149 euros, procedentes en un 53 por ciento de las Administraciones públicas -2.145.856 euros- el 46 por ciento de recursos propios - 1.863.085 euros- y el uno por ciento, de entidades privadas -16.208 euros. En cuanto a los recursos humanos, en los programas de empleo de Cáritas han participado 175 voluntarios y 69 técnicos -en 2011 fueron 193 y 93, respectivamente-.

Asimismo, durante el acto, en el que Ruiz ha estado acompañado por el director de Cáritas Diocesana de Jerez, Francisco Domouso, ha informado de que dichos programas de empleo, encaminados a la inserción socio-laboral de los colectivos más excluidos a través de las Cáritas Diocesanas, han atendido en 2012 a un total de 7.663 personas -respecto a las 8.105 atendidas en 2011-.

Además, ha accedido a un puesto de trabajo 1.442 personas de las atendidas en dicho programas, aunque, reconoce Ruiz, «solo 786 tiene contrato y el resto no», sobre todo mujeres que trabajan como empleados del hogar, un extremo que «se vive de manera dura por los voluntarios de Cáritas», añade. Así, afirma que «siguen empeñados en que todas las personas que tengan un trabajo tengan un contrato», y en este sentido, en los últimos años el objetivo de Cáritas Andalucía «es el contacto directo con el mundo de la empresa», un aspecto que considera «fundamental para la inserción laboral», de modo que «la empresa se responsabilice y actúe ante el problema del paro».

Del mismo modo, Anselmo Ruiz ha recordado que uno de los sectores en los que la situación es más preocupante es el de las residencias de mayores, porque el pago por parte de la Administración «se hace a cuatro o cinco meses», un retraso que se iba cubriendo con las póliza de los bancos, y, además, «hay personas que tienen concedidas su plaza en residencias por la Dependencia, pero no se la dan».