La delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, ha aclarado al PSOE que «a pesar de que los Programas Sociales que la Junta de Andalucía tradicionalmente ha financiado han sufrido importantes recortes, el Gobierno de Zoido ha hecho una decidida apuesta por los servicios sociales municipales». Así, la delegada ha recordado «la aprobación para 2013 del Plan Especial de Apoyo Social y, con él, la consignación de un incremento neto de 7 millones de euros destinados a paliar la situación de crisis de los colectivos más vulnerables de la ciudad».

A través de una nota, De Pablo-Blanco ha contestado así a la propuesta de la concejal socialista sevillana Susana López de reforzar el personal de Servicios Sociales. Para ello ha hecho referencia a varios ejemplos de importantes recortes e incumplimientos de la Junta en programas sociales, como «el programa Zonas Necesitadas de Transformación Social, destinado a atender a la población del Polígono Sur, Polígono Norte, Tres Barrios-Amate, Torreblanca y El Vacie, que pasado de 1.523.000 euros en 2011 a 925.000 euros en 2012 y 2013, con la consiguiente reducción de la jornada laboral de los trabajadores de los servicios sociales de estas zonas».

Para la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, «otro ejemplo llamativo es el del personal de refuerzo a los Servicios Sociales Comunitarios para la atención a la Dependencia, que ha sufrido en la presente anualidad un recorte del 50%, o las subvenciones a los Programas de mayores (prevención de la dependencia, Aula de Mayores o Banco del Tiempo), o a los de atención a las personas discapacitadas (centro de atención a la discapacidad o Bonotaxi), que han dejado de recibir subvención de la Junta para su puesta en este 2013».

De Pablo-Blanco ha mencionado que «tampoco podemos olvidar que la Junta de Andalucía ha dejado de pagar el servicio de Ayuda a Domicilio que el Ayuntamiento presta a todos los dependientes de la ciudad que tienen ese recurso propuesto en su Programa Individual de Atención (PIA), un servicio tan sensible que se ofrece a las personas más vulnerables, lo que está obligando al Gobierno de Zoido a anticiparlo y pagarlo mensualmente, considerando que el servicio no se puede dejar de dar a estos usuarios, y que los trabajadores de la empresa adjudicataria tienen que cobrar sus nóminas mensualmente. Por ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a reclamar estos importes a la Junta judicialmente, pues la Administración autonómica incumple esta obligación reiteradamente, hasta el extremo de que en lo que llevamos de año no se ha recibido ni un solo euro para financiar el servicio, siendo la facturación mensual del coste autonómico de la dependencia de 1,7 millones de euros».