Mobilidad reducida

Casi 50.000 tarjetas de aparcamiento en Andalucía

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha tramitado en 2012 un total de 3.266 tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida en Andalucía. Con estos datos, 49.146 personas cuentan ya con este documento en vigor, según ha informado este viernes el departamento que dirige María Jesús Montero.

Este documento, personal e intransferible, acredita a sus titulares a que puedan estacionar los vehículos a motor en los aparcamientos reservados para las personas con discapacidad y movilidad reducida, al tiempo que disfrutar de las ventajas que los ayuntamientos establezcan en su favor. Aparte de en Andalucía, tiene validez en todo el territorio nacional y en los países integrantes de la Unión Europea.

Del total de títulos en vigor en este año, 26.422 pertenecen a hombres y 22.724 a mujeres. Por provincias, Málaga tiene 10.867 tarjetas activas, seguida de Sevilla -10.800-, Cádiz -9.779-, Granada -4.895- Huelva -3.804-, Córdoba -3.236-, Almería -3.083- y Jaén -2.682-.

La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento y una movilidad reducida. Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65 por ciento y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.

En la nueva tarjeta se ha modificado su formato para incorporar más medidas de seguridad, como un holograma, a fin de evitar su falsificación, y se ha reducido el plazo de su vigencia inicial de los 10 a los 5 años, para las personas mayores de 70 años, y a 2 años en el caso de las mayores de 80.

Los organismos encargados de determinar las condiciones de los solicitantes son los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que se ocupan, entre otras cosas, de valorar las discapacidades física, psíquica y sensorial.

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